Piden refuerzo judicial por los 20.000 asuntos del cártel de coches

El presidente del TSXG, en el Mercantil de Vigo el día de su mudanza.
photo_camera El presidente del TSXG, en el Mercantil de Vigo el día de su mudanza.

El TSXG solicita apoyo para el Mercantil en Vigo para evitar el posible colapso ante las reclamaciones a Stellantis

La sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aprobó solicitar al Consejo General del Poder Judicial reforzar el Juzgado de lo Mercantil 3 de Vigo para evitar el colapso del órgano judicial debido a la previsión de que en 2024 ingrese más de 20.000 asuntos relacionados con reclamaciones por el cártel de los coches, pues el domicilio social de Stellantis España está en la ciudad. 

Estas demandas, vinculadas a supuestos pactos ilegales de precios por parte de fabricantes y concesionarios, podrían poner en riesgo el funcionamiento de este juzgado, el única de esta jurisdicción con sede en Vigo.

Tal y como informaron fuentes del TSXG, en concreto, la sala de Gobierno propondrá al CGPJ  que dé el visto bueno a que entren en el reparto de este tipo de asuntos, a través de una comisión de servicio, los magistrados titulares de los juzgados de lo Mercantil número 1 y 2 de la provincia, con sede en Pontevedra, así como a un autorrefuerzo de la magistrada titular del órgano vigués.

Por otra parte, el alto tribunal gallego ha demandado a la Xunta que dote este juzgado de más funcionarios. Con estas medidas, el TSXG pretende hacer frente a la sobrecarga de trabajo del órgano, que se prevé que antes de que finalice el año haya ingresado unos 3.000 procedimientos del cártel de los coches, y agilizar lo máximo posible la respuesta a este  tipo de asuntos.

Estas reclamaciones afectarían a personas que adquirieron un coche entre 2006 y 2013 y que podrían haber pagado más de lo que les correspondía según las multas de la Comisión de la Competencia que fueron ratificadas por el Supremo. 

Hay una veintena de fabricantes, entre los que se encuentra Stellantis, cuya sede está en Vigo, lo que prevé una avalancha de demandas que pone en serio riesgo e funcionamiento de una jurisdicción que además ingresa una ingente cantidad de reclamaciones a aerolíneas o de pleitos de la SGA, entre otros asuntos.

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