Después de cinco años de bloqueo, el PP y PSOE han alcanzado un acuerdo, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová, para proceder a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023, según han confirmado fuentes socialistas y populares.
Ambos partidos también han pactado presentar una proposición de ley orgánica que "reforzará la independencia del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023". Han acordado, además, nombrar a un nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.
El PP señaló que “siempre defendió que solo podía haber acuerdo si el acuerdo mejoraba el sistema y restaba control político al CGPJ”. “Lo hemos conseguido”, señalaron fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo. En virtud del acuerdo tendrá lugar “la renovación inmediata del CGPJ y la aprobación simultánea de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Equilibrio
Además, el acuerdo “garantiza una composición absolutamente equilibrada del CGPJ, que contará con veinte nuevos integrantes con trayectorias acreditadas y una solidez formativa fuera de toda duda”, añadieron las mismas fuentes. El PP indicó que la proposición de ley encarga “a los nuevos integrantes del Consejo la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de integrantes en el órgano de gobierno de los jueces que tenga en cuenta las exigencias de la Comisión europea”. Además, ese texto tendrá que incluir un nuevo modelo de “participación directa” y de votación para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ, señaló el PP.
Asimismo, “ninguna sensibilidad podrá imponerse sobre las otras”, ya que, “todas las decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría reforzada” (tres quintos). También en lo referido, por ejemplo, a la designación de perfiles que cubran las vacantes en tribunales de justicia autonómicos o audiencias provinciales, precisaron desde el PP. En virtud del pacto, el Gobierno “no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo: por primera vez en la historia serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal. Lo harán por un mínimo de 12 votos a favor”.
