La teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez está a favor de amnistiar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista al no apreciar violación de los Derechos Humanos en los hechos que se les imputan.
En una vista celebrada ayer, la representante de la Fiscalía aseguró que no se puede “partir de suposiciones y del potencial daño que se podría haber causado” con sus acciones “sino de certezas”. “Y esta es que ninguna lesión a los derechos invocados como exclusiones en la ley de amnistía se produjeron”, indicó.
Así, solicita que se aplique la amnistía “como motivo de previo pronunciamiento” -un trámite previo al juicio- “y en virtud de lo que establece el Código Penal se declare extinguida la responsabilidad penal y por lo tanto el sobreseimiento libre de las actuaciones”.
La fiscal dijo que “hubiera sido necesario una violación grave e intencionada de los Derechos Humanos” que, a su juicio, “los acusados no llegan a materializar ni a iniciar”. “En consecuencia, y suponiendo que la voluntad de los acusados hubiese sido además de causar daños materiales, poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, es una realidad que la misma no llegó a producirse”, apuntó.
Interpretación técnica
Durántez explicó que, “en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, del interés público tutelado por la ley, lo que debe efectuarse con pleno sometimiento a los principios de legalidad y de imparcialidad, efectuando una interpretación estrictamente técnica de la norma y del supuesto de hecho”, es aplicarse la amnistía.
Todo ello, precisó, “sin que puedan utilizarse, sin quebranto de los principios constitucionalmente esgrimidos, argumentos que desborden el plano estrictamente jurídico y que podrían ser contrarios al principio de separación de poderes”.
Esta sesión se celebró para que todas las partes fijen su posición acerca de la posible aplicación de la ley de la amnistía a los procesados. Las defensas de todos ellos han solicitado esta instancia al entender que los hechos que se les imputan encajan en los requisitos de la norma, tanto por el marco temporal -de 2011 a 2023- como por los delitos. Durántez fue la encargada de fijar la posición de la Fiscalía a pesar de que es el fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota quien asumió esta causa tras la marcha de Miguel Ángel Carballo a la Fiscalía Provincial de Ciudad Real. Las defensas sostuvieron que los hechos imputados a los CDR son amnistiables en tanto que se cumple el marco temporal fijado en la ley, señalando que “en modo alguno se ha provocado ninguna vulneración de Derechos Humanos”. Las defensas afirman que la “voluntad” de la ley, “pese a quien le pase”, es dejar sin efecto la acusación contra los CDR.
