El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acogió ayer en Luxemburgo una vista oral sobre el veto a la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico impuesto por la Comisión Europea. Se trata de un paso más de los dos recursos presentados, uno por el Gobierno de España y otro impulsado por más de una quincena de colectivos, entre ellos la Organización de Productores Pesqueros de Burela.
El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, acudió ayer la vista, donde rebatió ante el tribunal comunitario los puntos técnicos y científicos alegados por la Comisión para intentar demostrar que el palangre –que captura merluza en estas aguas– no reúne las condiciones señaladas en el reglamento, destinado originalmente a restringir el arrastre. También defendió que la modalidad de palangre demersal no figura en la clasificación establecida sobre protección de los ecosistemas marinos vulnerables (EMV). El palangre es considerado un arte de pesca de escaso impacto a pesar de realizar contacto con el fondo.
En esta línea, la tesis gallega ha sido apoyada por otros organismos científicos como el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), entidad que asesora a la Comisión, y que indicó que esta medida no tiene base científica. También un reciente informe del Parlamento Europeo que indica que el veto a la pesca de fondo en las 87 zonas de aguas comunitarias no está fundamentada y no atiende a las particularidades de las diferentes artes como el palangre o la volanta.
El Gobierno gallego es coadyuvante de los demandantes dado el “impacto negativo” de esta decisión de la UE. Se estima que afectará de manera directa a 200 embarcaciones e indirecta a otras 946 de artes menores.
Mar califica la medida de “injusta y discriminatoria”
El titular de Mar destacó en Luxemburgo el compromiso de la Xunta en la defensa de la gente del mar ante las instituciones comunitarias frente a una decisión que considera “injusta y discriminatoria” tomada por el comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius.
Critica una estrategia excesivamente medioambientalista que no atiende a otros factores relevantes como el social o el económico. Remarca el peso del sector pesquero en la economía gallega con un valor añadido bruto (VAB) 25 veces superior al de la UE y seis veces superior al del conjunto del Estado español. El trabajo en el mar supone la principal actividad económica en un tercio de los ayuntamientos gallegos.
El responsable autonómico espera que la justicia europea atienda a la argumentación presentada por el sector y el Gobierno gallego y permita dar marcha atrás al veto de la pesca de fondo en las 87 áreas del Atlántico nororiental.
Touza reclama el fin de una “decisión arbitraria”
El presidente de los armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, se mostró muy crítico y al mismo tiempo esperanzado con la resolución por vía del Tribunal de Justicia de la demanda interpuesta contra la “decisión arbitraria” de la Comisión de cerrar a la pesca 87 zonas del Atlántico.
Según sus cuentas, ha supuesto pérdidas por diez millones de euros anuales para las empresas y además otras consecuencias indeseables entre las que citó el cambio de bandera de varios buques -para faenar en Namibia y otras aguas- y los gastos obligados, de medio millón por pesquero, para cambiar el sistema del palangre prohibido al trasmallo, que se acepta. Añadió que a causa del veto a las 87 zonas ha habido “migración” a otros caladeros, con la concentración de buques y problemas añadidos para todos.
En declaraciones a los medios, Touza señaló como culpable al comisario saliente Sinkevicius a quien deseó suerte en lo personal y que no se acerque más por el mundo de la pesca. Esto último lo vinculó con que el comisario de Pesca lo es también de Medio Ambiente “lo que provoca conflictos, son asuntos distintos, a veces enfrentados”. Se felicitó porque el Gobierno, a través del ministro de Agricultura y Pesca, haya asumido los postulados de los armadores, incluida la presentación del recurso ante el tribunal europeo, si bien lamentó que no hubiera incluido una solicitud de paralización cautelar de la decisión de la UE “que ha provocado mucho daño”. Insistió Javier Touza en que el acuerdo de la Comisión Europea se hizo a espaldas del sector y sin tener en cuenta el impacto económico y social.
