El español medio, con un nivel razonable de ilustración y una inclinación aceptable a enterarse de lo que pasa, ha aprendido a interpretar –con esfuerzo pero también con alto nivel de eficacia- el contenido de determinados texto de orden jurídico con los que no tiene otro remedio que convivir cada día si quiere seguir la actualidad en términos de entendimiento aprovechable. Por razones no suficientemente aquilatadas que sin embargo se han personado en la vida doméstica del ciudadano de a pie, los documentos de índole forense: bien sentencias, requerimientos, órdenes de busca y captura, recursos, comunicaciones u otras lecturas similares, forman parte de su actividad diaria y han agudizado las entendederas de todos nosotros para ponernos al día en estas cuestiones que nos salen al camino cada dos por tres y copan las portadas de los periódicos y los flashes de los telediarios.
Por ejemplo, sin saber una palabra de jurisprudencia, yo solito he sabido discernir que el Tribunal Supremo mantiene vigente el delito de malversación contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y la mayor parte de sus más estrechos colaboradores, declarando por tanto inaplicable para ellos el decreto de amnistía preparado por el Gobierno. Una lectura algo más ponderada del auto dictado por su Sala de lo Penal, que preside el magistrado Pablo Llarena, aclara que todos estos sujetos -declarados culpables de su comisión y condenados por ello- son reos de un delito que implica lucrarse personalmente con fondos que pertenecen a todos los españoles, y que por tanto esta condición impide que los delitos sean condonados. Tampoco he tenido que reflexionar mucho para llegar a conclusiones sumamente interesantes. Una, que la Sala Penal del Tribunal Supremo coincide punto por punto con la postura defendida por los cuatro fiscales del procés que se han opuesto a las exigencias del fiscal general del Estado. Y otra, que el fiscal general ha vuelto a ser sometido a un nuevo ridículo en esta carrera suya empeñado por convertirse en el payaso de todas las bofetadas de la administración de Justicia. Este demoledor documento se une al proceso en curso por su comportamiento en el caso novio de Ayuso que puede acabar llevándolo al banquillo. No está nada mal para ser el jefe de todos los fiscales.
