El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por unanimidad la ley gallega de litoral después de que el Gobierno intentase tumbarla, lo que dio lugar a su suspensión parcial.
Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional finalmente desestima 70 de las 72 impugnaciones incluidas en el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno el pasado 11 de octubre. Así, descarta que Galicia deba modificar su Estatuto de Autonomía para "otorgar autorizaciones de utilización y ocupación del demanio" al entender esta función "en la competencia exclusiva sobre ordenación del territorio y del litoral".
El fallo basa la desestimación en que los preceptos impugnados no contravienen la normativa estatal y que la ley gallega salvaguarda el cumplimiento de las exigencias establecidas. Además, se hace hincapié también en que "permanecen incólumes las facultades estatales, como titular del dominio público marítimo-terrestre, si en el caso concreto, la autorización o el concreto plan aprobado incumpliera la legislación en materia de costas".
Las dos impugnaciones estimadas son las que declaran inconstitucionales la posibilidad de que los sistemas de recogida, almacenamiento, tratamiento y vertido de aguas residuales puedan ocupar el dominio público marítimo-terrestre al contravenir la legislación estatal, así como el trato privilegiado de las embarcaciones gallegas frente al resto de embarcaciones.
