La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer que se declare la extinción de la responsabilidad penal en la causa del Tsunami Democrático en aplicación de la ley de amnistía. El juez Manuel García Castellón investiga a una decena de encausados por terrorismo en esa causa, pero el ministerio público no aprecia que los hechos hayan provocado de forma intencionada graves vulneraciones de los derechos humanos.
En un informe de siete páginas, el fiscal Miguel Ángel Carballo dice: “Resulta manifiesto, sin necesidad de esfuerzo o ningún desarrollo intelectual, que los hechos encuentran cabida clara en el ámbito de aplicación de la ley, más conocida como ley de amnistía.”
“A pesar de la calificación mantenida por el instructor –que contradice la versión de la fiscalía– no se aprecia que los hechos hayan, ni hipotéticamente, causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos, en particular los regulados en el artículo 2 y 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que se refieren, como es sabido, al derecho de la vida y al derecho de no sufrir torturas ni tratos degradantes.”
El fiscal también sostiene que no se puede aplicar ninguna de las exclusiones previstas en la ley. “Ni siquiera aquellas de las que, hipotéticamente, a efectos dialécticos, podría plantearse la aplicación a los hechos objeto del procedimiento, tal y como los configuró el instructor en el único acto de imputación que consta en el procedimiento”, añade.
Según el fiscal, “no consta la comisión de actos dolosos por ninguno de los investigados que hayan causado muerte, aborto, lesiones en el feto o pérdida de una utilidad de órgano o miembro sentido, así como impotencia, esterilidad o grave deformidad”.
El turista francés
“Como se ha dicho, la muerte de un turista en el aeropuerto de Barcelona no tiene relación de causalidad con la concentración convocada por el Tsunami y, menos aún, puede ser atribuida a título de luto a ninguno de los investigados”, dice la fiscalía de la Audiencia. E incide en que no consta ningún mensaje ni incitación, inducción o provocación para causar lesiones graves a nadie, “todo esto sin perjuicio de que no consta acreditado en las actuaciones ninguna lesión de las graves consecuencias que establece el citado artículo de exclusión de la aplicación de la ley”.
Consulta al TJUE
Mientras, una de las acusaciones populares personadas, Sociedad Civil Catalana, pide al juez que eleve una consulta al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para aclarar si la nueva ley es compatible con la normativa comunitaria. La acusación reclama que se suspenda la aplicación de la amnistía a los diez encausados del caso Tsunami. Y propone al juez castellón que formule cinco preguntas en el TJUE. Lo previsible, apuntan fuentes judiciales, es que el resto de acusaciones, entre ellas Vox y los policías heridos, soliciten lo mismo.
