La Audiencia en Vigo zanjó ayer con una pena mínima y un único delito la que fue en su día una ‘macrocausa’ policial por irregularidades en el seno del Colegio de Enfermería de Pontevedra. En el punto de mira de la investigación, tras una denuncia, el presidente de la entidad, Carlos Fernández, su mujer y su hija.
Los tres fueron arrestados y llegaron a pasar en prisión cuatro meses. La causa, abierta por presunto desfalco millonario y blanqueo de capitales mediante un supuesto entramado de empresas familiares, quedó en un único condenado, el presidente de la entidad, que reaparecía ayer para sentarse en el banquillo de la sección quinta de la Audiencia.
En una breve vista por conformidad, que evitó la celebración del juicio, se selló el acuerdo entre defensa y Fiscalía. Fue condenado a dos años de prisión y una multa de 900 euros, además de dos años de inhabilitación profesional por un delito de gestión desleal. Eso sí, tendrá que abonar una responsabilidad civil al colegio de 158.000 euros. La sala acordó la suspensión de la ejecución de la condena durante un periodo de tres años, con lo que eludirá el ingreso en prisión siempre que durante ese periodo no cometa ningún delito y haga frente al pago acordado. Lo hará de forma fraccionada, primero abonando una cantidad y después a plazos. El presidente del Colegio de Enfermería asumió así toda la responsabilidad, quedando exoneradas de culpa su mujer y su hija.
En su momento, hubo más investigados, algunos de ellos supuestos testaferros que tampoco llegaron a estar acusados.
Carlos Fernández, de 68 años, ha estado al frente de los enfermeros de la provincia durante más de treinta años. En marzo de 2021, se ponía en marcha un operativo por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que entraba en las instalaciones del colegio en Vigo y procedía a los arrestos. Los agentes recopilaron todo tipo de documentación y archivos informáticos de la sede de la entidad y de la empresa vinculada a uno de los investigados, situada en el mismo bajo de la calle Aragón, además de en la vivienda familiar de Lavadores. Durante más de tres años que ha durado la instrucción fueron numerosos los testigos que pasaron ante el juzgado para declarar por estos hechos, que quedaron sentenciados con una condena mínima.
