Opinión

Al descubrirse el “Caso Guerra” también se culpó a los medios que lo trataron

Pues, dil En su reciente aparición pública tras cinco días de reflexión sobre su futuro, el secretario general del PSOE Pedro Sánchez dejó un claro mensaje a los medios de comunicación, críticos en general, con una clara advertencia que dentro de lo que llamó “regeneración democrática” se propone dedicarles un capítulo de orden general para ponerlos en su sitio, según él. Y es un detalle llamativamente confuso saber qué entiende el presidente del Gobierno y cómo quiere ejecutarlo. Curiosamente, cuando al comienzo de los 90 se descubrió el “Caso Guerra”, la entonces portavoz del Gobierno, Rosa Conde, arremetió contra los medios de modo mucho más contenido que lo que ahora hace Pedro Sánchez, pese a que más tarde a Alfonso Guerra le costó la renuncia a su cargo. El hermano del vicepresidente de entonces, colocado en la Delegación del Gobierno de Andalucía, montara una oficina para sus gestiones personales en la misma, como era más que evidente, pero el reproche penal le vino por otros motivos. Juan Guerra fue finalmente condenado por un delito fiscal con su socio Juan José Arenas a dos penas de un año de cárcel (que no hubieron de cumplir al carecer de antecedentes penales) por un fraude fiscal de 42.103.742 pesetas. Aunque, a Juan Guerra inicialmente se le atribuyeron otros cargos, desde entonces se creó una especial sensibilidad publica y legal sobre el tráfico de influencias,

Cada vez que surge esta advertencia a los medios, como la que acaba de lanzar el Doctor Sánchez, conviene recordar que el TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) establece que la libertad de expresión es el fundamento de la sociedad democrática, que comprende tanto la expresión de ideas como de opiniones como la información sobre las mismas. Las ideas o expresiones o informaciones comprenden tanto las que se comparten o gustan como aquellas que disgustan o que no son compartidas. Al menos hasta ahora, nuestro Tribunal Constitucional entiende que La libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones, mientras que el derecho a comunicar y recibir libremente información versa, en cambio, sobre hechos o, mejor aún, sobre aquellos hechos que pueden considerarse noticiables. La libertad de expresión es un Derecho de la sociedad a la que deben servir los periodistas para el control de ésta sobre los Gobiernos democráticos. Por eso, frente a su comedia y a sus amenazas como lanza Sánchez, el periodismo debe responder con rigor, precisión, contraste documentado de las informaciones y ponderado análisis, y un comportamiento ético y exigente e impecable cumplimiento de los Códigos Deontológicos como mejor respuesta y prueba de que el periodista solvente sí tiene principios. 

Pero también hay que reconocer que, en nuestros días, es evidente que en España ha crecido de modo exponencial el periodismo basura, especialmente en los soportes digitales y las televisiones. Y en ese sentido hay que insistir que la condición esencial para que una noticia lo sea es que corresponda a la verdad y los contenidos críticos tengan ese mismo fundamento. Que Pedro Sánchez se erija en paladín de la honestidad y víctima de la conjura de los necios es una contradicción. Debería ser más ponderado y prudente, sobre todo por ser el político que más veces invoca sus “principios” como elementos rectores de sus actos públicos. Lo de la regeneración democrática suena bien, pero se le puede sugerir por dónde debería haber empezado.

Una evidencia más de la controversia creada sobre los hechos probados de algunas actividades, iniciativas y acciones de su esposa, ha abierto un debate sobre el asunto, aparte de la teatralidad de la pausa meditativa de Sánchez y su juicio sobre el periodismo crítico y sus nada veladas advertencias. En ese sentido, es muy significativa la opinión de la prestigiosa abogada internacional Míriam González, esposa del ex viceprimer ministro británico Nick Clegg y fundadora de la asociación España Mejor, quien se ha centrado en las probadas recomendaciones de la mujer de Sánchez de empresas privadas para contratos público, inadmisibles en otros casos: “Si hubiera hecho lo mismo que Begoña, me queman viva en Trafalgar Square” dijo. ¿Dónde queda el código ético de este hombre que presume de sus principios, cuando miente, sabemos que miente y él sabe que sabemos que miente, a no, eso es cambiar de opinión? 

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