El elevado riesgo de mal uso del permiso es una de las razones que más se repite en la denegación por parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Pontevedra de una solicitud de salida de A Lama por parte de un interno. Este tipo de beneficios penitenciarios está previsto para condenados en segundo o tercer grado, que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y tengan buena conducta y su objetivo es el camino a la reinserción.
Sin embargo, el simple cumplimiento de los requisitos objetivos no supone una concesión automática y así lo recuerda el tribunal que especifica en sus resoluciones la valoración de otros factores subjetivos, lo que conlleva a que casi la mitad de peticiones acaben denegándose.
La estadística del Consejo General del Poder Judicial respecto al año 2022 y a los nueve primeros meses del año sitúa una media de asuntos para este juzgado, referentes a internos de A Lama, por encima de más de un millar, de los que el 60% tienen que ver con solicitudes de beneficios, mayoritariamente permisos de salida, además de cambio de grado. Atendiendo al número de recursos que tras ser denegados en primera instancia llegan a la Audiencia, la cifra rondaría casi la mitad, que en su gran mayoría son ratificados.
Pero el trabajo del juzgado de Vigilancia Penitenciaria llega mucho más allá. El juez vela también por los internos y atiende a sus reclamaciones vigilando la ejecución de sentencias y también que no se produzcan abusos. De hecho, la carga de trabajo es considerable.
“Se está muy en contacto con los internos y se tiene muy en cuenta su situación y evolución antes de conceder un primer permiso”, explica la letrada viguesa Isabel Velasco, de Valvigo Abogados y que fue jueza de Vigilancia Penitenciaria en Pontevedra. Explica que “se tienen en cuenta muchos factores, solicitando informes al psicólogo y trabajador social y atendiendo a las decisiones de la junta de tratamiento, en ocasiones no sirve únicamente con que el interno cumpla los requisitos objetivos”, al tiempo que recuerda que en su momento llegaba a dictar unas 50 resoluciones al día.
En este sentido compara la relación del juez con la educación de un menor “en función de su comportamiento y de cómo sea su estancia en el centro penitenciario conseguirá o no beneficios”.
Tal y como señala “hay elementos que son determinantes para valorar un permiso, como el hecho de que el condenado no reconozca el delito, lo que eleva el riesgo de reincidir o de huir durante una salida, así como el arraigo, es decir que tenga algún familiar que pueda responder por él durante el periodo en el que esté fuera. Hay casos en los que si la familia vive en otra ciudad se desplaza para esos días o que pueden quedarse incluso en viviendas de la Diócesis a cargo del capellán de A Lama”.
Especialmente cuidadosos con determinados delitos
Además de visitas periódicas a A Lama, el juez de Vigilancia Penitenciaria también se reúne con los familiares de los internos. El trabajo es mucho más cercano que en otro tipo de jurisdicciones y se es especialmente cuidadoso con determinados delitos, afirma Isabel Velasco, “como los de carácter sexual ” o los que generan gran alarma social.Ella cree en el sistema de reeducación social y reinserción, no solo de castigo y defiende que hay una vigilancia sobre las ejecuciones de las penas y las revisiones de grados, aunque lamenta que hay problemas con personas prisionizadas y con consumo de drogas.
El abogado vigués Manuel Carpintero corrobora que hay más peticiones de permisos y que “el juzgado solicita siempre informes y expedientes sobre el interno”. Asimismo, señala que “no siempre se conceden las solicitudes" y que estas suelen estar condicionadas por las decisiones de la junta de tratamiento encargada de la evaluación.
