La oficina autonómica abrió 280 expedientes sancionadores y propuso 500 arbitrajes
El Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia, que depende de la Consellería de Economía, resolvió el pasado año 280 expedientes sancionadores y unos 500 arbitrajes en el área de Vigo, según informó ayer el delegado de la Xunta, Ignacio López-Chaves.
Desde la oficina de Vigo se realizaron 13.569 inspecciones, la mayoría motivadas por la búsqueda de productos incluidos en la red de alerta de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Alimentación con 12.242 actuaciones el año pasado.
El servicio recibió más de 4.000 reclamaciones y atendió más de 9.200 consultas telefónicas y presenciales. En cuanto a los sectores más reclamados, siguen siendo los relacionados con la telefonía y las compañías energéticas los que concentran el mayor número de las quejas, con 1.146 y 471 reclamaciones respectivamente. Les siguen las empresas electrónicas y las dedicadas a los transportes con 398 y 344 incidentes abiertos.
De entre los 280 expedientes abiertos el año pasado y que supusieron una recaudación de cerca de 550.000 euros en multas, dos fueron por infracciones muy graves, 153 graves y 125 de carácter leve. El delegado recordó que en junio pasado el Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia multó a la empresa responsable del servicio municipal de agua en Vigo con una sanción de 15.000 euros por no haber activado un teléfono gratuito de atención al usuario. Con todo, acentuó que el objetivo de este servicio no es recaudar sino intermediar para que los consumidores vean atendidas sus demandas. “La finalidad es obtener una solución”, señaló. López-Chaves, quien destacó la intensa actividad de este servicio en el área territorial de Vigo, hizo especial hincapié en las reclamaciones resueltas por la vía del arbitraje con 447 laudos emitidos, de los que 289 fueron estimados, 132 desestimados y 26 conciliados. El delegado recordó que son 12.331 las empresas y establecimientos gallegos adheridos al Sistema de Arbitraje de Consumo, que ofrece una solución extrajudicial de resolución de conflictos. “La empresa es sancionada por una actuación incorrecta y el consumidor ve como su reclamación es atendida y el daño corregido”, concluyó.
