Doce letrados de Vigo optan por primera vez a presidir el máximo órgano de los abogados en un acción reivindicativa para romper “la hegemonía de las candidaturas oficialistas”
Después de dar un paso adelante sin retorno en favor de sus derechos fundamentales como colectivo profesional, abogados de Vigo en primera línea de batalla reivindicativa en defensa del turno de oficio y las pensiones dignas han vuelto a rebelarse contra sus actuales instituciones rectoras. Dispuestos a cambiar las cosas “desde dentro”, por primera vez, doce letrados del Colegio vigués han presentado su candidatura para presidir el Consejo General de la Abogacía Española.
Saben que las opciones de conseguir algún apoyo son prácticamente nulas, pero su objetivo de dejarse notar ha funcionado, ya que sus nombres copan casi la mitad de la lista de candidatos (28). “Se trata de un sistema de elección caduco y arcaico que aunque permite presentarse a cualquier abogado de los colegios de España solo pueden votar los decanos, por lo que el acceso de un profesional de base es muy difícil”, explicaba ayer María Jesús Martínez Borjas, de Marea Negra Jurídica y candidata, durante la presentación de los abogados que optan al cargo.
Junto a ella, Emma Alonso, Manuel Arias Santos, Consuelo Barreiro, Nuria Cachafeiro, Graciela Cal Villar, Pilar Fernández, Beatriz Ferrer, Manuel Ángel García, Nieves Pilar Otero Lamas, Carlos Rial y Paula Táboas. La intención de este nuevo movimiento es romper “la hegemonía de las candidaturas oficialistas”. La “inoperancia de los órganos rectores” de la Abogacía les llevó, comentaban, a presentarse.
Además del propio sistema de elección, la candidatura multicéfala viguesa pretende poner de relieve la cuestión relativa a la Mutualidad, “que nació como caja solidaria entre profesionales y ha ido evolucionando hasta convertirse en negocio asegurador, de manera tal que solo quienes con un gran esfuerzo efectúan aportaciones económicas excepcionales pueden alcanzar una renta en su jubilación digna, el resto, con la cuota básica, se ven abocados a una pensión máxima de 420 euros al mes”, aseguraban estos abogados.
Pilar Fernández y Nuria Cachafeiro, de la Asociación de Afectados de la Multualidad coincidían en que “la abogacía institucional y de base no tienen nada que ver” mientras esperaban que la decana del Colegio de Abogados de Vigo, con derecho a voto, “ejerza su derecho teniendo en cuenta el sentir mayoritario de los colegiados que por mayoría votaron la pasarela al Reta”. Junto a las pensiones dignas, alzan la voz por la regulación y retribución del turno de oficio.
