El Tribunal Supremo confirmó la sentencia absolutoria de la Audiencia de Vigo para los exalcaldes de Nigrán Alfredo Rodríguez y Avelino Fernández, así como el teniente alcalde Antonio Fernández, por la adjudicación del contrato de basuras en el año 2004. El fiscal del Supremo desistió del recurso interpuesto en casación por la Jefatura de la Fiscalía del área de Vigo, por lo que se acordó su archivo mediante resolución, y en tal sentido ha devenido en sentencia firme absolutoria y con todos los pronunciamientos favorables a los acusados de prevaricación y cohecho. También se absolvió al ingeniero municipal Antonio Collazo, un ingeniero externo especialista en la materia, José Antonio Ferreira, dos funcionarios municipales, Álvaro Fernández, y Eloy Rodríguez, así como la esposa de Fernández Comesaña, al no existir ilegalidad alguna ni cohecho, ni una confabulación de funcionarios y políticos para amañar un concurso público en la adjudicación del servicio de recogida de residuos, llevada a cabo por el gobierno de coalición PP-PINN. El tribunal señaló que el documento de licitación se ajustó a la más estricta legalidad, confirmando un expediente impecable y con todos los informes técnicos, jurídicos y económicos favorables, sin reparo alguno del secretario e interventor, según recoge la sentencia.
Los hechos se remontan a una declaración realizada por el actual alcalde Juan González al interventor del Ayuntamiento, en el que manifestó haber escuchado en una cena privada que la adjudicación del servicio de basuras llevada a cabo 10 años atrás (2004), solo podría arreglarse con un maletín pero, sin embargo, en sede judicial manifestó no recordar, para luego añadir “que puede ser que en una cena la gente diga cosas que no tienen sentido, que no sabe si es verdad o mentira, que pudo ser que el interlocutor estuviera bebido…”.
Se realizó por la Fiscalía una investigación patrimonial y económica contra los acusados, que el Tribunal en su sentencia absolutoria recoge que “….en modo alguno podría justificarse”, por lo que no es descartable denunciar los hechos ante CGPJ y la Inspección Fiscal. Un procedimiento iniciado en 2014 (10 años después), por una denuncia anónima que no fue tal, ya que consta en el sumario con nombre apellidos y dirección en Panxón. Fuentes próximas a los ya absueltos lamentan que este “proceso bochornoso” haya tardado 10 años en ser juzgado, siendo un escándalo que se juzguen unos hechos 20 años después, con el consiguiente descrédito político, personal, profesional y familiar de los acusados y que una sentencia absolutoria, ni siquiera puede reparar todos los daños y perjuicios causados a unos servidores públicos honrados". Recordaron que los actuales responsables del Concello de Nigrán son incapaces de realizar una nueva adjudicación 4 años después de finalizar el plazo legal (2020).
