Tres relatores de Naciones Unidas ONU han emitido un informe instando al Gobierno de España a que “tome las medidas necesarias” para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden “invisivilizar” las “graves violaciones de los Derechos Humanos” en el “régimen dictatorial franquista”.
Así lo expresaron los tres relatores en un informe en el que dieron respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas “leyes de concordia” que fueron tramitadas en tres de los territorios donde PP y Vox gobiernan en coalición. El Ejecutivo central elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son “contrarias” a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura.
“Las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos”, se lee en el documento de la ONU.
Después de analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en dichas comunidades autónomas, los tres relatores instaron al Gobierno de Pedro Sánchez a que adopte “todas las medidas necesarias” para garantizar “el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórica de “las graves violaciones de derechos humanos”.
Limitar la verdad
Según explican, estas leyes “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica” y pueden “acarrear límites al acceso a la verdad” sobre el destino o paradero de “las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos” y también pueden “invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista”.
También apuntan a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil “a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España”, quitándole así el reconocimiento a “las centenas de miles” de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.
Recordaron que es deber de “todos los poderes del Estado”, incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de “todas las entidades de Gobierno” a nivel nacional, regional o local, “cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos”.
